Dinero del pueblo no puede ser rehén de los cabildos: Álvaro Bardales

El secretario de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, respaldó la eliminación de autorizaciones duplicadas para las contrataciones municipales y sostuvo que los recursos públicos no pueden quedar sujetos a disputas políticas, intereses personales o incapacidad para construir acuerdos.

Mediante un comunicado, el contralor señaló que, cuando el presupuesto ya fue aprobado y se cumplen los requisitos legales para contratar, “exigir nuevamente el aval del Cabildo puede detener las mismas obras y acciones que el ayuntamiento autorizó”.

La discusión cobró fuerza este 15 de octubre, cuando Pachuca respaldó la minuta de reforma al artículo 141 de la Constitución estatal con 14 votos a favor y cinco en contra, en medio de cuestionamientos sobre sus efectos en los contrapesos municipales.

Bardales señaló que “revisar el gasto constituye una obligación, pero utilizar una autorización pendiente para obtener plazas, contratos o beneficios personales representa una conducta que debe investigarse cuando existan elementos”.

“La Contraloría recibe constantemente quejas de presidentes municipales, contralores internos y tesoreros porque las autorizaciones se detienen y el presupuesto no se ejecuta. Las consecuencias recaen en las comunidades: obras que no comienzan, servicios que se retrasan y necesidades que siguen sin respuesta. Aprobar un presupuesto implica asumir la responsabilidad de que se convierta en resultados. No puede autorizarse en el papel y mantenerse bloqueado en la práctica”, añadió la dependencia.

Frente al argumento de que la reforma debilita la vigilancia, Bardales sostuvo que la contratación pública tiene obligaciones que deben cumplirse: procedimientos de obra y adquisiciones, suficiencia presupuestaria, integración de expedientes, comprobación de pagos y fiscalización. También intervienen los órganos internos de control y la ciudadanía organizada en comités de Contraloría Social.

“La preocupación por preservar los contrapesos es legítima; también lo es exigir que esos controles funcionen y permitan atender a la población. Ninguna facultad pública debe convertirse en un coto de poder ni en una oportunidad para negociar beneficios particulares. El señalamiento alcanza también a las presidencias municipales: agilizar los procedimientos no justifica contrataciones arbitrarias, proveedores favorecidos ni obras deficientes. Quien ejerce el presupuesto debe acreditar cada decisión y responder por cualquier irregularidad. Además, existen recursos federales sujetos a plazos cuyo incumplimiento puede generar la obligación de devolverlos. Una confrontación política puede terminar costándole a una comunidad el agua, el drenaje o la calle que esperaba”, añadió.

“Por ello, el debate debe examinar resultados concretos: qué contrataciones se detienen, por cuánto tiempo, con qué argumentos y qué consecuencias tiene esa demora. El voto contra la reforma, por sí mismo, no demuestra irregularidades; los condicionamientos indebidos deben documentarse e investigarse. La postura del funcionario fue clara: que el Cabildo vigile, que la administración ejecute y que todos rindan cuentas. El presupuesto pertenece al pueblo; ninguna autoridad tiene derecho a utilizarlo para cobrar favores o ajustar cuentas políticas”, concluyó la contraloría.